En una verdadera DEMOCRACIA los individuos deben gozar de las garantías que les otorga la Constitutión que los rige, de la soberanía nacional como sustento de la misma y de una auténtica separación de poderes.
En Venezuela, caricatura de lo expuesto, y país que cuenta con numerosos defensores extranjeros del liberticidio, emboscados en sus cómodos sofás de teóricos, y en naciones donde los primates no se sientan en la presidencia; manda un despótico: que lleva por nombre NICOLÁS MADURO MOROS.
Nuestro hombre está empeñado, ahora, en implantar la Ley Habilitante. A golpe de decreto el presidente se convertiría así en superlegislador, por encima del propio Parlamento, a lo largo de 12 meses (El Mundo, 19.10.2013). Daniel Lozano, en su crónica para el citado periódico, indica, además, que el desarrollo de dicha ley supondría "un cheque en blanco para Maduro", resumen juristas y expertos constitucionales, con el que además el presidente puede crear o aumentar las sanciones penales. En las cuatro habilitantes que utilizó Chávez aprovechó para afectar derechos fundamentales.
A este mandatario que ataca la libertad, una vez sí y otra también, desde que está en el poder de este Estado tan querido y unido al pueblo canario por tantos motivos, le recordamos algo que ya viene explicitado en la DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO (26 de agosto de 1789):
Art. 3. El origen de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún órgano ni ningún individuo pueden ejercer autoridad que no emane expresamente de ella.
[Textos básicos sobre derechos humanos. Edición presentada por Gregorio Peces-Barba Martínez, con la colaboración de Liborio Hierro Sánchez-Pescador, Madrid: Universidad Complutense/Facultad de Derecho/Sección de Publicaciones e Intercambio, 1973, p.88].
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